Un respiro. Eso es lo que se tomará la política, al menos hasta la segunda quincena de enero. La dirigencia sale de vacaciones. Los ánimos se atemperan. Se cierra un año difícil, tormentoso y calculador. Se avecina otro tan complejo como este 2024 que se va. La diferencia está en que ahora la economía dominó la política y en el entrante será la política la que querrá imponerse sobre la economía. No es un dato menor: la inflación cede; este puede ser un verano menos traumático para el dólar, más allá de la alta temporada por el turismo fuera de la Argentina; los indicadores socioeconómicos descienden en la medida que se recupera el poder adquisitivo del salario. De todas maneras, los jubilados la siguen pasando mal, con un haber mínimo que está lejos de lo que se necesita para poder sobrevivir y con restricciones para el acceso a los medicamentos. En esta cuestión, pagan justos por pecadores. El ajuste llegó para todos. No distinguió entre casta política y sociedad en su conjunto.

El Gobierno nacional ha decidido focalizar sus acciones en la clase media. ¿Por qué? La explicación es sencilla. Las familias que integran ese escalón en la pirámide social de la Argentina ascienden rápidamente a lo que es la clase media tradicional en la medida que el Estado adopta medidas que tienden a recomponer los ingresos de esta franja. La reducción impositiva tiene como primer fin cambiarle el humor a una porción de ciudadanos que, por su posición económica, asumen roles más independientes que el resto de los ciudadanos. En un país con casi la mitad de la población empobrecida, las acciones estatales constituyen un trampolín para aquello que históricamente se denominó movilidad social ascendente. Pero para que eso se constituya en un fenómeno sostenible, el ingreso de ese grupo no debe ser inferior a los $ 2 millones mensuales, es decir, el equivalente a dos canastas básicas totales.

De todas maneras, la gran deuda social argentina sigue siendo la pobreza. Un 33% de la población la sufre de manera estructural. Las materias pendientes de esta carrera para recuperar la estima integral de la sociedad son de las más variadas. Un buen boletín de calificación lo puede constituir el reporte que, hace unas semanas, difundió el Observatorio de la Deuda Social Argentina, dependiente de la Universidad Católica Argentina. Ese diagnóstico fue una radiografía de lo que significó, puertas adentro de las familias, el ajuste más grande de la historia de la humanidad, según las palabras del presidente Javier Milei. El 31% de los hogares encuestados por este observatorio respondió que recortó gastos en atención médica; el 29,4%, en la compra de medicamentos; el 27,1% admitió que no pudo pagar alguno de los servicios públicos como gas, luz y agua, y el 29,9% no pagó alguna tasa o impuesto. Todos estos indicadores empeoraron entre dos y seis puntos porcentuales en la comparación con el mismo período de 2023, diagnosticó.

La inseguridad alimentaria es otro indicador que mostró un retroceso en la Argentina. En 2024, uno de cada cuatro hogares no tiene todas comidas diarias aseguradas, mientras que en 2023 la proporción era uno de cada cinco. Incluso se puede observar que la “inseguridad alimentaria severa” registró 12,5% este año, mientras que el pasado era 11,8%, indicó la entidad que dirige el sociólogo Agustín Salvia.

Teniendo en cuenta todas estas variables, la UCA procesó su índice de pobreza multidimensional, que considera otras necesidades básicas, además de los ingresos. En 2024 este indicador trepó a 41,6%, definió hace 20 días, antes de que el Ministerio de Capital Humano de la Nación difundiera el dato del tercer trimestre que reveló que la pobreza en la Argentina descendió al 38,9%. Claro que este cálculo es sólo sobre los ingresos, no sobre otras dimensiones y carencias sociales. Ahora, el área que dirige la ministra Sandra Pettovello, anticipó que está diseñando un “Índice de Capital Humano” que, además de los ingresos, tomará otras variables para calcular la pobreza. La funcionaria aclaró que ese indicador coexistirá con la medición que semestralmente realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La pregunta que la comunidad académica se realiza es la misma que se hizo cuando hubo intervención política en el organismo estadístico: ¿por qué razón crear un nuevo índice si el Indec se ocupa históricamente de hacer las mediciones? La respuesta es abierta y depende del prisma con el que se mire, más aún a las puertas de un año electoral.

La corrección de los desequilibrios macroeconómicos permitió a la Argentina sacar la cabeza del agua. Falta terreno por recorrer, pero el país ganó terreno en aquello de mostrarse más confiable que antes, cuando los gobernantes tenían la gimnasia de aplicar default tras default, cambiar las reglas de juego económico o, sencillamente, intervenir en la actividad económica. La sociedad, mientras tanto, espera que el “efecto derrame” sea lo que más se observe en el electoral 2025. Coincidencia o no, la economía volverá a ser el árbitro de una elección que, más que para alcanzar bancas que le permitan a la Casa Rosada ocupar más espacios de poder, significará un verdadero test de resistencia para Milei. Así, la inflación tendría que ceder como en el escenario que el propio Gobierno ha dibujado, es decir, al son del 1% mensual. Pero, además, hay otro resultado que le interesa a los inversores y a los empresarios: el fin del cepo cambiario. Los planes del Presidente tienen ese objetivo. ¿Milei le habrá pedido a Papá Noel como regalo que el plan económico se consolide? Todo dependerá de las acciones que adopte este verano, que marcará el punto de partida para la primera elección en la que La Libertad Avanza competirá políticamente contra la casta que denostó en la campaña presidencial pasada, en esa misma que cuenta con aliados circunstanciales y dialoguistas, como el gobernador Osvaldo Jaldo que, a su vez, prepara toda la artillería electoral para que el oficialismo en Tucumán se quede con la mayor cantidad de bancas posibles en juego.